jueves, 4 de noviembre de 2021

Amenaza de desahucio

 Audio Onda Cero Noroeste, 3 noviembre 2021

                            Hace años, Ahmed y su familia recalaron en España en busca de trabajo, al tiempo que perseguían una vida digna, alejada de las muchas dificultades que su país de origen le ofrecía. Como tantas otras familias, en la primera parte de la década de los 2000, con un trabajo que le reportaba un sueldo mensual aceptable, con la esperanza de que un futuro halagüeño les contemplaba, compraron una casa en Cehegín. Muy pronto el planeta colapsó, la economía mundial sucumbió, y las capas más frágiles de la sociedad hubieron de soportar la terrible humillación de ser desalojados de sus moradas, siendo en la mayoría de las ocasiones, mediante un proceso inhumano y cruel. Proceso en el que tanto los habitantes de la vivienda como aquellas personas que acudían a evitar el desahucio, mediante una puesta en escena violenta, propia de regímenes fascistas, hubieron de sufrir en sus carnes la violencia extrema de las mal llamadas fuerzas de seguridad, que obraban como mercenarios a sueldo golpeando sin escrúpulos para ejecutar aquellas órdenes que el poder económico transmitía y el político ejecutaba, mediando el judicial que mirando para otro lado, extendía una alfombra para que todo estuviese dentro de un orden, un perverso y criminal orden.

                        Tuve ocasión de acompañar a Ahmed el día que consiguió que su deuda no le hiciese sufrir los avatares a los que todo hijo de vecino estaba sometido si no pagaba la deuda pendiente ante la entidad verdugo de turno, y mira por donde, cuando aún la dación en pago no estaba en marcha, como medida de urgencia para afrontar los casos en los que se solicitase por parte del deudor, dicha entidad verdugo lo concedió.

                            Entre otras consecuencias, Ahmed y parte de su familia, tras alojarse en una vivienda que les facilitase Cáritas, y que un tiempo después se vieron obligados a desalojar, hubieron de volver a su país. En 2016, vuelven a España y consiguen un arrendamiento, por un precio que podrían afrontar con cierta solvencia, se establecen en él y siguen con su vida y sus quehaceres diarios, por una vez, sin que la vivienda constituyese un problema limitante.

                            Sin embargo, como se suele decir, la alegría dura poco en la casa del pobre. Hete aquí que, el pasado 16 de febrero, le hacen llegar una carta, por parte de la empresa arrendataria, a la sazón, dependiente del BBVA, mediante la cual, se le reclaman 700 € de deuda por no haber pagado, según rezaba dicha carta, en determinadas fechas que abarcaban desde 2017 hasta 2021.

                       Dado que en esa primera carta, la amenaza del desahucio ya pendía sobre ellos, le sugiero a Ahmed que me haga llegar todos y cada uno de los recibos que se le reclaman. Entro en contacto con la empresa de marras, les pido poder obrar en nombre de Ahmed y su familia, todo ello a través de correo electrónico, cosa que ya venía haciendo con anterioridad, puesto que hubo otras solicitudes para la renovación anual del contrato de arrendamiento, no ponen objeción alguna, y, lo que hasta ese momento fue un intercambio de documentos, cada vez que le fueron reclamados, sin que jamás se produjese obstáculo alguno para ello, de pronto, se transforma en un agujero negro al cual envío los correspondientes recibos que justificaban dicho pago reclamado, sin que esta entidad arrendataria se diese por aludida.

En el ínterin, aceptan los documentos del Servicio de Empleo, así como de su empadronamiento en Cehegín, solicitados para la nueva renovación anual, hasta el punto de que, en uno de los correos que me envían, me recuerdan que a dichos documentos había que añadir la justificación del pago que reclamaban. 

Esos recibos se los he hecho llegar por cuatro veces en los últimos meses, siendo la última de las ocasiones el pasado 10 de agosto.

Pues bien, a día de hoy, Ahmed y su familia, se encuentran en la tesitura de que, por un lado, habrán de comparecer ante la Justicia el próximo 16 de noviembre, y de otro, si de esa comparecencia no hubiese una resolución absolutoria, lo cual sería una disparatada sentencia, existiendo, como existen, los documentos que testimonian dicho pago, se enfrentarían al desahucio, programado para el próximo 10 de enero de 2022.

Santos López Giménez