Audio Onda Cero Noroeste, 3 noviembre 2021
Hace años, Ahmed y
su familia recalaron en España en busca de trabajo, al tiempo que perseguían
una vida digna, alejada de las muchas dificultades que su país de origen le
ofrecía. Como tantas otras familias, en la primera parte de la década de los
2000, con un trabajo que le reportaba un sueldo mensual aceptable, con la
esperanza de que un futuro halagüeño les contemplaba, compraron una casa en
Cehegín. Muy pronto el planeta colapsó, la economía mundial sucumbió, y las
capas más frágiles de la sociedad hubieron de soportar la terrible humillación
de ser desalojados de sus moradas, siendo en la mayoría de las ocasiones,
mediante un proceso inhumano y cruel. Proceso en el que tanto los habitantes de
la vivienda como aquellas personas que acudían a evitar el desahucio, mediante
una puesta en escena violenta, propia de regímenes fascistas, hubieron de
sufrir en sus carnes la violencia extrema de las mal llamadas fuerzas de
seguridad, que obraban como mercenarios a sueldo golpeando sin escrúpulos para
ejecutar aquellas órdenes que el poder económico transmitía y el político
ejecutaba, mediando el judicial que mirando para otro lado, extendía una
alfombra para que todo estuviese dentro de un orden, un perverso y criminal
orden.
Tuve ocasión de acompañar a Ahmed el día que consiguió que su
deuda no le hiciese sufrir los avatares a los que todo hijo de vecino estaba
sometido si no pagaba la deuda pendiente ante la entidad verdugo de turno, y
mira por donde, cuando aún la dación en pago no estaba en marcha, como medida
de urgencia para afrontar los casos en los que se solicitase por parte del
deudor, dicha entidad verdugo lo concedió.
Entre otras
consecuencias, Ahmed y parte de su familia, tras alojarse en una vivienda que
les facilitase Cáritas, y que un tiempo después se vieron obligados a
desalojar, hubieron de volver a su país. En 2016, vuelven a España y consiguen
un arrendamiento, por un precio que podrían afrontar con cierta solvencia, se
establecen en él y siguen con su vida y sus quehaceres diarios, por una vez,
sin que la vivienda constituyese un problema limitante.
Sin embargo, como
se suele decir, la alegría dura poco en la casa del pobre. Hete aquí que, el
pasado 16 de febrero, le hacen llegar una carta, por parte de la empresa
arrendataria, a la sazón, dependiente del BBVA, mediante la cual, se le
reclaman 700 € de deuda por no haber pagado, según rezaba dicha carta, en
determinadas fechas que abarcaban desde 2017 hasta 2021.
Dado que en esa primera
carta, la amenaza del desahucio ya pendía sobre ellos, le sugiero a Ahmed que
me haga llegar todos y cada uno de los recibos que se le reclaman. Entro en
contacto con la empresa de marras, les pido poder obrar en nombre de Ahmed y su
familia, todo ello a través de correo electrónico, cosa que ya venía haciendo
con anterioridad, puesto que hubo otras solicitudes para la renovación anual
del contrato de arrendamiento, no ponen objeción alguna, y, lo que hasta ese
momento fue un intercambio de documentos, cada vez que le fueron reclamados,
sin que jamás se produjese obstáculo alguno para ello, de pronto, se transforma
en un agujero negro al cual envío los correspondientes recibos que justificaban
dicho pago reclamado, sin que esta entidad arrendataria se diese por aludida.
En el
ínterin, aceptan los documentos del Servicio de Empleo, así como de su empadronamiento
en Cehegín, solicitados para la nueva renovación anual, hasta el punto de que,
en uno de los correos que me envían, me recuerdan que a dichos documentos había
que añadir la justificación del pago que reclamaban.
Esos recibos
se los he hecho llegar por cuatro veces en los últimos meses, siendo la última
de las ocasiones el pasado 10 de agosto.
Pues bien, a
día de hoy, Ahmed y su familia, se encuentran en la tesitura de que, por un
lado, habrán de comparecer ante la Justicia el próximo 16 de noviembre, y de
otro, si de esa comparecencia no hubiese una resolución absolutoria, lo cual
sería una disparatada sentencia, existiendo, como existen, los documentos que
testimonian dicho pago, se enfrentarían al desahucio, programado para el
próximo 10 de enero de 2022.
Santos López Giménez