| Audio 17 junio 2020, intervención en nombre de Unidas Podemos-IU, Cehegín |
Qué tienen en común la presencia de símbolos religiosos en
edificios públicos; la imagen de la mujer en publicidad; o determinadas placas,
estatuas o nombres de calles, de raíz histórica reciente, que honran a personas
y a hechos sangrantes, así como honores y premios para torturadores. Tres
circunstancias que podríamos definir bajo sus pertinentes leyes y/o artículos
constitucionales, otorgándoles una contundencia tal que no dejase margen ni a
la duda ni a devaneos sociales ni personales, respecto de su puesta en escena
socialmente. Sin embargo, eso que los comunica, que los convierte en hechos con
derecho a tratarlos con desdén, con una aceptación social incomprensible, es la
percepción social mayoritaria de los mismos.
Hubo un tiempo en el que esas percepciones estaban en
función del grado de interacción que cada cual tuviese con las personas de su
entorno, nada ha cambiado al respecto; por supuesto, lo que ha cambiado,
añadiendo elementos traídos por la modernidad, es el modo, la vía comunicativa
por la que te llegan determinadas opiniones y comentarios de las demás
personas, y por ende, el número de éstas y la frecuencia con las que recibes
dichos mensajes. Por ello, si tu compromiso social va más allá de las
posiciones acomodaticias, suelen enervarte
opiniones en las que la condescendencia, el quitar hierro y apelar a lo
consuetudinario, cuando no, menospreciar aquello que por razones legales y de
respeto social democrático, debería de formar parte del acervo ciudadano
individual, además de enfrentarte con asiduidad a dichas opiniones, te generan
incómodas reacciones de impotencia frente a tus conciudadanos como miembros de
una sociedad común.
Que, constitucionalmente,
España sea un Estado social, democrático de Derecho, cuyos valores son
la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo, donde se garantiza la
libertad ideológica y religiosa, bajo los parámetros de la separación
institucional entre Estado y confesiones religiosas y la neutralidad de los
poderes públicos. Que en su artículo 14, la Constitución española proclame el
derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, que, a su
vez, el artículo 9.2 consagre la obligación de los poderes públicos de promover
las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra sean reales y efectivas, y que la igualdad entre mujeres y hombres sea
un principio jurídico universal; que además, se reconociesen y ampliasen derechos estableciéndose medidas a favor de quienes padecieron persecución o
violencia durante la guerra civil y la dictadura, en la conocida popularmente
como Ley de Memoria Histórica.
Todo ello, no es un brindis al sol, la
convivencia social y democrática, sin que nadie vea herida su sensibilidad
humana ni su condición ciudadana, deberían obligarnos a hacer especial hincapié, desde todos los
ámbitos, para que la cultura democrática acabe por ser un hecho, más pronto que
tarde, y no sea preciso estar en permanente guardia ante los enemigos de la
libertad que, a pasos agigantados, en los últimos tiempos, están ganando un
precioso terreno a la cordura y al civismo. Desde sus lúgubres hojas de
ruta, contemplan a la incultura como su herramienta más fehaciente. Los enemigos de la libertad se nutren del mal
gusto, pero, ante todo, de la incultura. Demasiadas décadas escatimando en
Educación, demasiado tiempo fomentando la incultura, de aquellos polvos estos
lodos: el fascismo, que nunca se fue, ha encontrado un perfecto caldo de cultivo desde el que ampliar sus funestos horizontes.
Santos López Giménez
